La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que el proyecto de la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, no ha sido cancelado, aunque el Gobierno Federal todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro.
Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria explicó que las autoridades continúan trabajando en la zona y mantienen un proceso de diálogo con las comunidades que se han pronunciado a favor o en contra del proyecto. Antes de establecer una postura final, el Gobierno Federal busca conocer las inquietudes de los habitantes y revisar las condiciones en las que se desarrolla la obra.
Sheinbaum destacó que la planta presenta un avance importante y recordó que su construcción comenzó durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, las inconformidades que surgieron posteriormente han llevado a distintas dependencias federales a realizar consultas y reuniones con las comunidades de la región.
Uno de los puntos que actualmente se encuentran bajo revisión son los compromisos que la empresa responsable del proyecto adquirió con las comunidades. De acuerdo con los reclamos planteados por habitantes de la zona, algunos de estos acuerdos no se habrían cumplido en su totalidad.
Además, las autoridades analizan las condiciones ambientales de la región, particularmente la situación de la laguna de Ohuira, un ecosistema que se encuentra en el centro de la controversia debido a las posibles afectaciones que podría generar la operación de una instalación industrial de estas características.
También se revisa la validez de los estudios de impacto ambiental relacionados con el proyecto, por lo que el Gobierno Federal ha optado por mantener abierto el proceso de diálogo antes de determinar si la obra continuará bajo las condiciones actuales.
Sheinbaum dejó claro que, mientras estas evaluaciones no concluyan, no existe una determinación definitiva sobre el futuro de la planta.
El anuncio de la presidenta ocurre en un contexto de oposición por parte de comunidades indígenas, habitantes de la zona y organizaciones ambientalistas.
Este mismo lunes, integrantes de Greenpeace México y del colectivo ¡Aquí No! realizaron una protesta pacífica en el Zócalo de la Ciudad de México para solicitar al Gobierno Federal que cancele el proyecto.
Los manifestantes colocaron mensajes dirigidos a la presidenta, entre ellos llamados a proteger Topolobampo, además de expresar su preocupación por los posibles efectos que la planta podría tener sobre la Bahía de Ohuira y las comunidades que dependen de sus recursos naturales.
La instalación, impulsada por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), contempla una capacidad de producción de aproximadamente 2 mil 200 toneladas métricas de amoniaco al día. Debido a sus dimensiones, el proyecto ha generado durante años un intenso debate entre quienes consideran que puede contribuir al desarrollo económico y agrícola de la región y quienes advierten sobre posibles riesgos ambientales.
La planta de Topolobampo se ha convertido en uno de los proyectos industriales más controvertidos del norte de Sinaloa. Sus defensores argumentan que la producción nacional de amoniaco permitiría reducir la dependencia de las importaciones de fertilizantes y fortalecer la producción agrícola.
De hecho, información difundida anteriormente por autoridades federales señala que la primera etapa del complejo podría comenzar operaciones durante el primer semestre de 2027 y contribuir a reducir una parte importante de las importaciones de fertilizantes nitrogenados.
Sin embargo, las comunidades que se oponen al proyecto han colocado el impacto ambiental como uno de los principales argumentos para solicitar que la obra sea detenida. Entre sus preocupaciones se encuentran la conservación de la Bahía de Ohuira, la biodiversidad y las actividades económicas que dependen directamente del ecosistema.
El conflicto, por lo tanto, no se limita únicamente a decidir si la planta continúa o no. El Gobierno Federal también enfrenta el reto de encontrar un punto de equilibrio entre el desarrollo industrial, la producción de fertilizantes para el campo y las demandas de las comunidades que consideran que el proyecto podría representar un riesgo para su entorno.
Por ahora, la postura oficial es que la planta continúa en proceso y no ha sido cancelada, pero tampoco existe una autorización política definitiva para continuar sin modificaciones. El resultado de las consultas, la revisión ambiental y el diálogo con las comunidades serán factores determinantes para establecer cuál será el futuro del proyecto en Topolobampo.
Fuente: Excélsior