La construcción de un nuevo tramo del muro fronterizo entre Estados Unidos y México comenzó en Arizona como parte del proyecto denominado “Tucson 5”, impulsado por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.
El proyecto contempla la construcción de aproximadamente 100 kilómetros de barrera fronteriza en una zona que atraviesa territorio relacionado con la Nación Tohono O’odham, comunidad indígena que se ha pronunciado en contra de la obra y sostiene que la infraestructura podría afectar su soberanía, sus tradiciones y distintos sitios considerados sagrados.
La zona tiene además una particularidad cultural: integrantes de esta comunidad viven a ambos lados de la frontera y acostumbran cruzarla para participar en ceremonias religiosas, peregrinaciones y reuniones familiares. Por ello, la instalación de una barrera física representa una preocupación importante para la Nación Tohono O’odham.
La Nación Tohono O’odham presentó una demanda para intentar detener la construcción, argumentando que el muro podría afectar sus derechos territoriales y modificar el acceso a determinadas zonas de importancia cultural.
La barrera proyectada contempla una estructura de acero y concreto de aproximadamente 9.1 metros de altura, lo que ha generado preocupación entre integrantes de la comunidad por el impacto que podría tener sobre sus terrenos y sitios ancestrales.
Sin embargo, una jueza federal en Washington rechazó la demanda presentada por la tribu en agosto pasado, al considerar que la Nación Tohono O’odham no logró demostrar que el Gobierno de Trump estuviera violando su soberanía con el proyecto.
La decisión se apoyó, entre otros elementos, en un decreto emitido en 1907 por el entonces presidente Theodore Roosevelt, mediante el cual se estableció una franja de terreno de 18.3 metros de ancho a lo largo de la frontera con México, considerada de uso federal para combatir el narcotráfico.
Pese al fallo, representantes de la Nación Tohono O’odham mantienen su disputa legal y han apelado la decisión.
Después de la resolución judicial, contratistas y agentes armados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ingresaron a finales de agosto al territorio tribal.
Actualmente se realizan trabajos preliminares que incluyen mediciones y toma de muestras de tierra, mientras que maquinaria pesada ya puede observarse en distintos puntos del área donde se desarrollará el proyecto.
El comisionado de CBP, Rodney Scott, defendió la reactivación de “Tucson 5” y señaló que la obra permitirá cerrar uno de los corredores que, según las autoridades estadounidenses, ha sido utilizado para el tráfico de drogas y el cruce irregular de migrantes.
La Nación Tohono O’odham cuestiona la necesidad de construir el nuevo tramo debido a la disminución de los cruces migratorios registrados en la región.
De acuerdo con Verlon José, presidente de la nación tribal, las detenciones en la zona han disminuido 95 por ciento durante los últimos dos años, por lo que considera que la construcción del muro resulta innecesaria.
La comunidad también sostiene que históricamente ha colaborado con el Gobierno estadounidense en las labores de vigilancia fronteriza, permitiendo el acceso de agentes de la Patrulla Fronteriza y cooperando con las operaciones de seguridad.
Además de las afectaciones culturales, el proyecto ha generado preocupación por sus posibles consecuencias ambientales. Uno de los puntos señalados es el manantial de Quitobaquito, ubicado al sur de Arizona.
Aunque el sitio se encuentra fuera del territorio de la Nación Tohono O’odham, tiene un importante valor cultural para este pueblo, que lo considera un lugar sagrado.
La zona también cuenta con una laguna localizada en terrenos federales que funciona como refugio para especies amenazadas, entre ellas la tortuga de Sonoyta y el pez pupo de Quitobaquito.
Mientras los trabajos avanzan, representantes de la comunidad continúan observando las actividades de los contratistas y agentes fronterizos. Algunos integrantes incluso han realizado ceremonias pacíficas en las inmediaciones del proyecto como una forma de expresar su rechazo a la construcción.
La disputa alrededor de “Tucson 5” mantiene así un debate que va más allá de la seguridad fronteriza, al involucrar derechos indígenas, protección ambiental, movilidad de comunidades y conservación de sitios considerados ancestrales y sagrados.
Fuente: López-Dóriga Digital