La presunta autorización secreta firmada por Donald Trump para permitir operaciones militares de EU contra cárteles en América Latina enfrenta serios cuestionamientos legales, tanto en el plano nacional como internacional.
La supuesta orden presidencial firmada por Donald Trump que permitiría al Pentágono actuar militarmente contra cárteles en América Latina ha generado un intenso debate entre expertos legales en Estados Unidos. Según un reportaje de The New York Times, la medida busca autorizar acciones unilaterales de carácter bélico contra organizaciones del narcotráfico, pero su legalidad está lejos de ser clara.
Analistas consultados señalaron que la autorización para el uso de la fuerza militar, aprobada por el Congreso tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, solo aplica a grupos vinculados a Al Qaeda y no cubre a organizaciones criminales designadas como cárteles, incluso si son señaladas como “terroristas” por el Poder Ejecutivo.
“La designación como organización terrorista puede justificar sanciones económicas o restricciones migratorias, pero no da luz verde para operaciones militares letales”, explicó Brian Finucane, exasesor legal del Departamento de Estado y especialista en derecho de conflicto armado.
Prohibiciones internas y derecho internacional
La legislación estadounidense, específicamente la Ley Posse Comitatus de 1878, restringe severamente el uso de fuerzas armadas para funciones de tipo policial dentro y fuera del país. Además, una orden ejecutiva de larga data prohíbe expresamente los asesinatos selectivos como parte de la política exterior.
A nivel internacional, el uso unilateral de fuerza militar en otro país sin su consentimiento puede considerarse una violación del derecho internacional, salvo en casos de legítima defensa o autorización por parte del Consejo de Seguridad de la ONU.
James E. McPherson, exabogado general de la Armada, subrayó que “emplear la fuerza militar en territorio extranjero sin el aval del gobierno local representa una grave infracción a las normas internacionales, salvo en circunstancias muy excepcionales”.
Si bien Estados Unidos ha participado históricamente en misiones antidrogas en América Latina, estas han sido presentadas como apoyo logístico o de entrenamiento a fuerzas locales, sin asumir funciones ofensivas directas. Incluso en operaciones marítimas, la presencia militar suele estar subordinada a mandos civiles como la Guardia Costera.
En el caso de la CIA, también se ha informado que no existe actualmente autorización para el uso de drones armados contra cárteles en México, lo que refuerza la restricción operativa en ausencia de una base legal clara.
Fuente: Expreso