Donald Trump busca cambiar la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución para negar la ciudadanía automática a hijos de migrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una controvertida orden ejecutiva destinada a negar la ciudadanía a los hijos de migrantes indocumentados nacidos en suelo estadounidense.
La medida tiene como objetivo modificar la interpretación actual de la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio nacional
Medida polémica con consecuencias legales
La nueva política, según aclaró un portavoz del gobierno, solo aplicará a nacimientos futuros. No obstante, expertos en derecho constitucional consideran que la orden enfrentará desafíos legales inmediatos, ya que la Enmienda 14 ha sido interpretada históricamente como un derecho inalienable.
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ya han presentado demandas, argumentando que la orden estigmatiza a los niños nacidos en Estados Unidos y genera discriminación basada en la nacionalidad de sus padres.
«Quitar la ciudadanía por nacimiento condena a estos niños a vivir sin acceso pleno a derechos básicos, negándoles la posibilidad de votar, trabajar legalmente y formar parte activa de la sociedad estadounidense», señaló la ACLU en un comunicado.
Debate que revive una vieja promesa de Trump
Durante su primer mandato (2017-2021), Trump ya había amenazado con revocar este derecho mediante una orden ejecutiva, aunque nunca lo llevó a cabo. Su decisión actual refuerza la postura de grupos conservadores que exigen políticas migratorias más estrictas.
El impacto de esta medida podría ser significativo. Según el centro de investigación Pew, en 2022, al menos 1.3 millones de adultos estadounidenses eran hijos de padres indocumentados. Estos ciudadanos, bajo la actual interpretación de la Enmienda 14, tienen acceso a todos los derechos garantizados por la Constitución.
Redefinir la ciudadanía por nacimiento requeriría, en principio, una enmienda constitucional. Esto implicaría obtener una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un proceso complicado y políticamente divisivo.
Sin embargo, la administración Trump parece apostar por una reinterpretación judicial de la Enmienda 14, lo que podría llevar a un prolongado enfrentamiento en los tribunales, incluida la posible intervención del Tribunal Supremo.
Fuente: Expreso