A partir de este martes 3 de noviembre de 2026, entró en vigor una nueva regulación para el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos personales en las escuelas públicas y particulares de México. La medida establece diferentes restricciones dependiendo del nivel educativo, con el objetivo de reducir las distracciones, mejorar la concentración de los estudiantes y fortalecer la convivencia dentro de los planteles.
La disposición forma parte del Acuerdo 09/09/26, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 22 de septiembre, e impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo.
La regulación contempla desde educación básica hasta educación superior, aunque las condiciones de utilización de los dispositivos serán distintas para cada nivel. Uno de los principales cambios se aplicará a niñas, niños y adolescentes de preescolar, primaria y secundaria, quienes ya no podrán utilizar sus teléfonos durante la jornada escolar, incluidos los periodos de recreo.
En educación básica, que comprende preescolar, primaria y secundaria, los estudiantes podrán llevar sus teléfonos celulares a las escuelas, pero deberán mantenerlos guardados durante toda la jornada.
Esto significa que no podrán utilizarlos durante las clases ni en los descansos, por lo que cada institución podrá establecer mecanismos para garantizar el cumplimiento de la disposición.
Entre las alternativas contempladas se encuentra que los dispositivos permanezcan dentro de las mochilas o que sean retirados al inicio de las actividades escolares para depositarlos en espacios designados por las autoridades educativas, donde permanecerán bajo resguardo.
Sin embargo, existen algunas excepciones. Los teléfonos podrán utilizarse cuando se presenten situaciones de emergencia personal, necesidades relacionadas con la salud, discapacidad, accesibilidad o inclusión educativa.
También se contempla su utilización cuando formen parte de actividades pedagógicas previamente planeadas y supervisadas por los docentes.
Para los estudiantes de educación media superior, es decir, preparatorias y bachilleratos, la regulación tendrá una aplicación más flexible.
En estos planteles no se establece una prohibición generalizada durante toda la jornada, sino que cada institución deberá determinar las condiciones de uso mediante consultas, diálogo y acuerdos con su comunidad educativa.
Entre las medidas que podrán implementar se encuentran:
- Mantener los teléfonos guardados durante las clases.
- Retirar los dispositivos al inicio de la jornada y resguardarlos en espacios designados.
- Permitir su utilización únicamente en determinados horarios o espacios.
- Establecer días específicos para utilizarlos con fines educativos.
La intención es evitar que los dispositivos interfieran con las actividades académicas, pero también permitir que puedan aprovecharse como herramientas de aprendizaje cuando exista una justificación pedagógica.
En el caso de la educación superior, la disposición no establece una prohibición general para utilizar teléfonos celulares.
Las universidades e instituciones educativas deberán fomentar el uso responsable y seguro de los dispositivos electrónicos, tomando en consideración sus propios lineamientos, las necesidades de sus estudiantes y los acuerdos establecidos dentro de cada comunidad académica.
Esto significa que las instituciones conservarán autonomía para determinar las condiciones bajo las cuales podrán utilizarse los teléfonos y otros dispositivos personales durante las actividades escolares.
De acuerdo con las autoridades educativas, la nueva regulación responde a la preocupación por el uso excesivo e inadecuado de las pantallas entre niñas, niños y adolescentes, debido a que puede afectar su atención, concentración, interacción social y aprovechamiento académico.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el 81% de los docentes consultados manifestó estar a favor de establecer restricciones al uso de celulares dentro de los planteles.
La medida fue acordada con las autoridades educativas de las 32 entidades federativas y contempla un periodo de adaptación para que los centros escolares informen a madres, padres de familia, tutores y estudiantes sobre las nuevas disposiciones.
Aunque la regulación cuenta con respaldo de una parte del sector educativo, también ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones civiles y familias.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ha señalado la importancia de tomar en cuenta la participación de niñas, niños y adolescentes en las decisiones relacionadas con el entorno digital y sus derechos.
Asimismo, algunas familias han expresado inquietudes sobre la posibilidad de comunicarse con sus hijos durante situaciones de emergencia, particularmente durante los traslados y ante circunstancias de inseguridad.
Por ello, uno de los principales desafíos será encontrar un equilibrio entre limitar las distracciones dentro de las escuelas, garantizar la seguridad de los estudiantes y promover un uso responsable de la tecnología.
Con la entrada en vigor de estas disposiciones, las escuelas de México comienzan una nueva etapa en la regulación de dispositivos electrónicos. Su aplicación dependerá también de la organización de cada plantel y de la colaboración entre autoridades educativas, docentes y familias.
Fuente: Expreso