El Gobierno de Estados Unidos negó oficialmente que los gobernadores de Sonora y Tamaulipas cuenten con un permiso especial de ingreso conocido como parole, utilizado en ciertos casos por motivos de interés público o seguridad nacional.
La aclaración fue emitida por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos luego de que surgieran versiones periodísticas que señalaban que los mandatarios estatales Alfonso Durazo y Américo Villarreal habrían perdido sus visas estadounidenses, pero conservaban la posibilidad de ingresar al país mediante una autorización especial.
De acuerdo con la respuesta oficial del DHS, ninguno de los dos gobernadores ha recibido un “Significant Public Benefit Parole”, un permiso discrecional que permite a ciertos extranjeros entrar o permanecer temporalmente en territorio estadounidense cuando su presencia representa un beneficio reconocido para el gobierno o la seguridad nacional de ese país.
La polémica surgió después de diversas publicaciones que aseguraban que ambos mandatarios estaban siendo investigados por autoridades estadounidenses y que, como consecuencia, habrían enfrentado restricciones relacionadas con sus visas. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad de Estados Unidos ha confirmado oficialmente la cancelación de dichos documentos migratorios.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó que cualquier asunto relacionado con visas corresponde al Departamento de Estado de Estados Unidos, dependencia que ha reiterado que la revisión de la elegibilidad de los titulares de visas es un proceso permanente y que puede modificarse si surge nueva información relevante.
Por su parte, tanto Alfonso Durazo como Américo Villarreal han rechazado públicamente las versiones sobre una presunta cancelación de sus visas y han negado estar sujetos a investigaciones por parte de autoridades estadounidenses.
El tema ha generado amplio debate en ambos lados de la frontera debido a las implicaciones políticas y diplomáticas que tendría cualquier medida relacionada con gobernadores mexicanos, especialmente en un contexto marcado por la cooperación bilateral en temas de seguridad, migración y combate al crimen organizado.
Analistas consideran que la falta de información oficial sobre el estatus migratorio de funcionarios públicos alimenta la especulación y la incertidumbre, por lo que destacan la importancia de contar con información verificable antes de emitir conclusiones sobre casos de esta naturaleza.
Mientras tanto, la declaración del DHS descarta al menos una de las versiones que circulaban en torno a los mandatarios estatales: la existencia de un permiso especial de ingreso otorgado por el Gobierno estadounidense. El debate sobre sus visas y cualquier posible investigación permanece sin una confirmación oficial por parte de Washington.
Fuente: La Opinión