El Departamento de Justicia fijó diez categorías prioritarias y otorgó más discrecionalidad a fiscales federales.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) instruyó a sus fiscales a intensificar la desnaturalización de ciudadanos naturalizados que hayan incurrido en delitos graves, fraudes o actividades que supongan riesgos a la seguridad nacional, según un memorando oficial fechado el 11 de junio.
La medida amplía la discrecionalidad de los fiscales federales y detalla diez categorías prioritarias de casos en los que se enfocarán los recursos del gobierno.
La desnaturalización es el proceso legal mediante el cual el gobierno puede revocar la ciudadanía estadounidense de una persona si se demuestra que fue obtenida de forma fraudulenta, con omisión de información relevante o mediante ciertos delitos graves.
El Título 8 del Código de Estados Unidos establece que esta acción procede contra quienes representan amenazas para la seguridad nacional o han participado en crímenes de guerra, redes criminales o fraudes financieros, entre otros supuestos.
¿Cuáles son las prioridades del DOJ?
El documento del DOJ define diez categorías prioritarias:
Personas con vínculos con terrorismo, espionaje o exportación ilegal de tecnología sensible.
Implicados en tortura, crímenes de guerra o violaciones de derechos humanos.
Miembros de cárteles de droga y organizaciones criminales transnacionales.
Delitos graves no revelados durante la naturalización.
Trata de personas, delitos sexuales o violentos.
Fraude financiero contra el gobierno estadounidense.
Fraudes contra particulares o corporaciones.
Naturalización obtenida por corrupción o tergiversación.
Casos remitidos por fiscalías con procesos penales abiertos.
Otros casos considerados relevantes por la División Civil.
El DOJ señaló que estas acciones buscan proteger la integridad del sistema de ciudadanía estadounidense.
¿Qué dicen los críticos?
Organizaciones pro migrantes han expresado preocupación ante un posible uso excesivo de la desnaturalización, que podría impactar a personas que no representan riesgos reales y generar temor en comunidades naturalizadas.
Durante su primer mandato, Donald Trump creó una unidad específica para investigar y revocar ciudadanías obtenidas de manera fraudulenta o por personas ligadas a delitos graves, iniciativa que su administración actual decidió mantener y reforzar.
Aunque la desnaturalización es una facultad vigente en la ley migratoria de Estados Unidos, el endurecimiento de los criterios y la priorización de casos sensibles marcan un nuevo enfoque restrictivo que podría aumentar los procesos contra naturalizados.
Fuente: Expreso