La CNDH realiza recomendaciones a la minera canadiense Argonaut Gold, que habría pisoteado los derechos de habitantes de La Colorada, una población cercana a Hermosillo; no es el único caso en un estado donde la industria minera persiste en infligir daños ambientales y sociales

Ciudad Obregón, Sonora.- A principios de febrero, ante la contundencia de los hechos y las pruebas presentadas por organizaciones sociales y medioambientales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a las autoridades de los tres niveles de gobierno por las que consideró como violaciones «al derecho al medio ambiente sano, derecho al agua, a la vivienda adecuada y a la salud, por actividades extractivas en el municipio de La Colorada, Sonora».

El documento, en manos de esta casa editorial, precisa que la minería ha violado los derechos de ciudadanos sonorenses y urge a la autoridad a tomar medidas que frenen el deterioro a los mismos.

Hubo incumplimientos en la actuación de las autoridades para regular y vigilar el cumplimiento de leyes y reglamentos en la Unidad Minera ubicada en el centro de la localidad sonorense», se lee en el oficio realizado por la Comisión

La recomendación 07/2022, dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Economía (SE), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y al Gobierno del Estado de Sonora, advierte sobre la falta de actuación e incumplimiento de la regulación y vigilancia de la Unidad Minera La Colorada, de la compañía Minera Pitalla.

«Se cuenta con elementos que acreditan violaciones a los derechos humanos, medio ambiente, agua y vivienda adecuada y salud en perjuicio de QV (quejoso/víctima) y demás habitantes del poblado La Colorada», advierte el documento emitido por el organismo el 28 de enero de 2022.

La misiva, firmada por María del Rosario Piedra Ibarra, advierte que la CNDH acreditó violaciones al derecho al medio ambiente sano derivado de la insuficiente evaluación del impacto ambiental (junto con las respectivas autorizaciones) ocasionado por las obras y actividades minero metalúrgicas, lo cual se traduce en afectaciones y riesgos para componentes ambientales como aire, suelo, fauna y flora, red hidrológica, que impactan primordialmente a la población.

«Es oportuno que esta Comisión Nacional reitere la falta de evaluación a los impactos ambientales de las actividades minero-metalúrgicas que se llevan a cabo en el municipio de La Colorada, debido a que dichas actividades datan por lo menos de 1992. De igual forma, se aprecia la falta de evaluación integral, toda vez que se fueron solicitando autorizaciones aisladamente para actividades contempladas en lo referente a informes preventivos, sin omitir que se tenía proyectado un solo complejo minero, siendo que no fue hasta 2018 que se presentó la evaluación integral de la Unidad Minera».

La recomendación señala que la Secretaría de Economía, la Semarnat, la Profepa, el Gobierno estatal y el Gobierno municipal de La Colorada, incurren en responsabilidad institucional al no prevenir, investigar, sancionar y reparar la persistente y continua afectación a los derechos al medio ambiente sano, al acceso al agua potable, y a la vivienda adecuada de los habitantes de dicha localidad.

Minera rechaza señalamientos

Al respecto, la compañía Minera Pitalla aclaró que ha presentado puntualmente los informes de cumplimiento ambiental, por lo que las observaciones de la CNDH son, a su juicio, improcedentes.

La empresa subsidiaria de Argonaut Gold aseguró que ha presentado puntualmente los informes de cumplimiento ambiental, además que la mina de oro y plata ha sido inspeccionada por personal de la Profepa y la Semarnat.

Por otra parte, la empresa afirmó que dicho complejo minero ha sido reconocido, por 10 años consecutivos, como Empresa Socialmente Responsable (ESR), además de generar alrededor de 430 empleos directos y 2 mil 150 indirectos.

Lo que no precisó fue las acusaciones por parte de habitantes de la zona cercana a la mina a cielo abierto, quienes se quejan de la contaminación, ruido y riesgos a los que son sometidos.

Organizaciones medioambientales y los habitantes vecinos de la mina han señalado durante años cómo la empresa ha ido adueñándose de terrenos, así como su tendencia a usar químicos en sus procesos que comprometen el acceso al agua potable, y ponen en riesgo la salud de personas, fauna y flora.

«Las revisiones realizadas por la CNDH, de carácter subjetivo y ocular carecen de viabilidad técnica al no ser realizadas por personal especializado, por tanto, no es posible que dicho organismo realice un diagnóstico», comentó en su momento Margarita Bejarano, directora de responsabilidad social corporativa y ESG de Argonaut Gold en México.

Cabe señalar que hay voces que advierten que, aunque las compañías mineras aseguran cumplir con todas las regulaciones en materia ambiental, en la práctica dichas medidas no se llevan a cabo.

Jesús Javier Thomas González, representante del ejido El Bajío, una comunidad que desde hace más de 10 años se encuentra luchando contra la minera Penmont por los daños causados en su territorio, lamentó que las distintas autoridades encargadas de asegurar el cumplimiento de la normatividad, se vean cooptadas por estas compañías.

Ni Semarnat, ni Profepa ni Protección Civil del estado hacen un monitoreo ni una vigilancia constante, jamás los vas a ver en los proyectos haciendo labor de campo. Realmente no cumplen con nada, de los contrario no hubiera ningún accidente».
El ejidatario y activista social consideró que entre más grande es un proyecto minero, más grande es el riesgo de que se presenten estas afectaciones. Asimismo, dijo que para las comunidades en las que se instalan estos proyectos, no representa ningún beneficio, ya que la mano de obra proviene de otros lugares.

«Realmente la minería verde no existe, toda la minería va crear afectación, contaminación porque no están bien reguladas, entonces entre más grande sea el nivel de operación o de explotación que tenga una mina, es mucho más peligroso y va a contaminar más».

Thomas González señaló que además de la deforestación, erosión, contaminación del agua, los habitantes de las comunidades donde se establecen dichos proyectos pierden su forma de vida.

«Ya no se puede trabajar la tierra, se acaba la agricultura, no se puede tener animales, se apoderan totalmente de los mantos acuíferos y nos quitan el derecho a utilizar nuestra tierra, nos quitan el derecho al agua y nos desplazan porque se apropian de los espacios disponibles para construir casas para los trabajadores».

En 2011 los habitantes del ejido El Bajío, que pertenece al municipio de Caborca, ganaron la primera sentencia en la que se determinó que la minera Penmont tenía que desalojar las tierras del ejido. Posteriormente los ejidatarios iniciaron una serie de juicios agrarios contra la empresa por daños a su patrimonio, mismos que resultaron a su favor, y que establecen que la empresa les devuelva el oro extraído. También se debe resarcir el daño ambiental causado por la actividad minera durante años.

Estos ejemplos, de acuerdo con Julieta Lamberti, investigadora de PODER, son el claro ejemplo de que las “concesiones están en manos de especuladores; la ley Minera es incongruente con el respeto a los derechos humanos y no se ha hecho nada para modificarla, para adecuarla a estándares internacionales. Lo que vemos es que las empresas mineras siguen operando de la misma manera que hace veinte años”.

Cabe señalar que, al ser consultada por TRIBUNA, la oficina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Sonora manifestó no estar facultada para emitir una opinión respecto al tema de la minería en Sonora por orden expresa de la oficina central.

Fuente: Tribuna.

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