La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) otorgó mediante un procedimiento de excepción un contrato a la empresa encargada de operar la plataforma utilizada para la aplicación de exámenes de ingreso en línea, una decisión que ha generado interés debido al monto del acuerdo y al mecanismo utilizado para su asignación.
De acuerdo con la información difundida, la institución recurrió a una adjudicación por excepción en lugar de realizar un proceso de licitación pública. Este tipo de procedimientos está contemplado en la normatividad vigente para determinados casos, siempre que existan causas justificadas que respalden la decisión y se cumplan los requisitos legales correspondientes.
El contrato estuvo relacionado con los servicios tecnológicos necesarios para llevar a cabo los procesos de evaluación en línea, los cuales requieren plataformas especializadas capaces de soportar miles de conexiones simultáneas, además de herramientas para la supervisión remota de los aspirantes, protección de datos y mecanismos de seguridad informática que garanticen la confiabilidad de los resultados.
La implementación de exámenes digitales ha cobrado mayor relevancia en los últimos años, impulsada por la necesidad de modernizar los procesos de admisión y ofrecer alternativas que permitan una mayor cobertura para los aspirantes. Sin embargo, este modelo también implica importantes retos tecnológicos y operativos, por lo que las instituciones educativas suelen contratar empresas con experiencia en este tipo de servicios.
Especialistas en transparencia señalan que, aunque las adjudicaciones por excepción son legales cuando existe una justificación válida, estos procedimientos suelen generar un mayor escrutinio público debido a que no existe competencia abierta entre distintos proveedores. Por ello, consideran fundamental que las instituciones expliquen con claridad las razones que motivaron este tipo de contratación.
La UNAM ha sostenido que sus procesos de admisión buscan garantizar condiciones de equidad, seguridad y confiabilidad para todos los aspirantes, por lo que el funcionamiento de la plataforma tecnológica representa un elemento clave para el desarrollo de las evaluaciones.
Este caso ha reavivado el debate sobre la importancia de fortalecer la transparencia en las contrataciones públicas y de garantizar que la adquisición de servicios especializados se realice bajo criterios de eficiencia, legalidad y rendición de cuentas, especialmente cuando se trata de procesos que impactan a miles de estudiantes que buscan ingresar a la máxima casa de estudios del país.
Fuente: Excélsior